Se trata de una tecnología altamente invasiva, que está concitando acalorados debates alrededor del mundo y que incluso ha sido prohibida en algunas partes de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, en nuestra región es común que su implementación se realice de forma opaca, sin consideraciones por los derechos fundamentales de quienes se ven sometidas a ellas y sin mayor participación de la ciudadanía.

Dado el enorme potencial de afectación que las tecnologías de reconocimiento facial tienen en la dignidad de las personas y el ejercicio de sus derechos, esta tecnología debe ser utilizada de forma excepcional, acotada y proporcionada, y bajo los más altos estándares de control y transparencia. Ante su eventual implementación es responsabilidad del poder político probar su eficiencia y demostrar que es la solución que responde de forma más adecuada al problema que se pretende solucionar.