Polémica por uso irregular de datos biométricos en Buenos Aires, Argentina

24/05/2022

Entre abril de 2019 y marzo de 2022, el Gobierno Central de Buenos Aires realizó 9.900.282 solicitudes de acceso a datos biométricos, informa CNN en Español.  Según un informe del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), entre los datos compilados destacan los del Presidente y Vicepresidenta, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, respectivamente; y una de las líderes de la oposición, Patricia Bullrich, entre otras figuras de relevancia pública. Otro detalle llamativo es que estos datos fueron requeridos durante altas horas de la madrugada, sin razón aparente.

Estas solicitudes se habrían realizado por medio de un convenio de cooperación técnica firmado en 2019 entre RENAPER y el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que autorizó a dicho ministerio a acceder a datos biométricos, con el fin de agilizar la persecución y captura de prófugos de la justicia a través de un sistema de reconocimiento facial implementado en cerca de 300 de las 10.000 cámaras de seguridad de la capital argentina.

De acuerdo con fuentes oficiales, el sistema de reconocimiento facial de prófugos dejó de utilizarse al inicio de la pandemia de COVID-19 debido a que el uso de mascarillas hizo más complejo el procesamiento de estos datos biométricos. No obstante, según el reporte de CNN en Español, el Ministerio de Justicia siguió haciendo solicitudes de acceso a datos, pese a la dificultad anteriormente señalada.

Al respecto, el titular de la cartera de Justicia y Seguridad Argentina, Marcelo D’Alessandro, reveló en un escrito judicial que hubo otros motivos que explicarían este acceso masivo a datos biométricos, como la vigilancia del cumplimiento de cuarentenas en el contexto del COVID-19, transgrediendo el espíritu original del convenio. 

A raíz de ello, el juez Roberto Gallardo suspendió el sistema de vigilancia facial tras considerar que la cantidad de datos requeridos no se condice con el número de personas buscadas por la justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial (40.000 individuos, aproximadamente). 

CNN en Español consultó a las autoridades involucradas en esta vulneración a la privacidad sobre sus justificaciones, no obstante todos ellos indicaron que darán las respuestas adecuadas ante la justicia. Por otro lado, tras la medida de suspensión, el juez Gallardo fue acusado de presuntas irregularidades en el procedimiento judicial, de “flagrante parcialidad” y haber dictado un fallo “funcional al Kirchnerismo”.