El Gobierno de El Salvador está presionando a los miebros de la Asamblea Legislativa para contratar un préstamo por US$ 109 millones y financiar así la tercera parte del Plan Control Territorial, que contempla la implementación de 4,075 cámaras de videovigilancia equipadas con reconocimiento facial en el país,  además de otro equipamiento de vigilancia, que incluye la compra de 89 drones para la Policía Nacional Civil (PNC) y 28 para la Fuerza Armada, así como la instalación de 13 centros de monitoreo para la Policía y uno para el Ejército, con un costo superior a los 100 millones de dólares.

Si bien estas medidas se han promovido bajo el discurso de la reducción de la violencia, como una forma de aumentar la seguridad en el país, algunos diputados opositores han cuestionaron la transparencia, la urgencia y la necesidad de la medida.

“No se está para gastar en juguetes y tampoco para realizar compras sin transparencia”, asegura Rodolfo Parker, diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

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