El pasado noviembre, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la reciente implementación del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) en el espacio público porteño.

Según la organización, “el reconocimiento facial, cuando se aplica con fines de vigilancia policial, se convierte en una tecnología desproporcionada que, además de no contar con las bases legales apropiadas, afecta gravemente los derechos y las garantías constitucionales de todas las personas que desarrollan su vida en la ciudad”. Y apunta a una creciente tendencia en la implementación de tecnologías de vigilancia por el Gobierno de la Ciudad.

Más que eso, el avance de este tipo de solución ocurre sin “las debidas evaluaciones sobre la necesidad, proporcionalidad e impacto en derechos fundamentales” y las decisiones que lo autoriza no permiten la efectiva participación de las personas afectadas.

Más informaciones sobre la acción de ADC se encuentran disponibles aquí y en el sitio de la campaña Con mi cara no.

Imagem CC-BY (Jônatas Cunha).