La resolución fue tomada luego de detectar usos ilegales que permitieron acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, incluyendo dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, pero también jueces, empresarios y periodistas.

La Justicia de la cuidad de Buenos Aires suspendió el 12 de abril  el sistema de reconocimiento facial de prófugos.  La investigación fue llevada por el juez Roberto Andrés Gallardo luego de de que el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) presentara un amparo contra el sistema en funcionamiento desde abril de 2019.

El Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) fue introducido  en 2019 en la cuidad de Buenos Aires con el objetivo de ayudar a detectar personas buscadas por la policía.  El SRPF se rige por un convenio de  de cooperación técnica entre el  Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el ministerio de Seguridad de Buenos Aires.  El convenio suscrito solamente les permitía acceder a una base de datos de aproximadamente 40 mil personas.

Gracias a este convenio el Gobierno de Buenos Aires pudo utilizar las 9.500 cámaras de seguridad equipadas con un software de reconocimiento facial distribuidas en la capital, cuyas imágenes llegan al Centro de Monitoreo Urbano, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad y Justicia.

En 2020, Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) inició una acción de amparo sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas que implementaron el sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires, señalando  diversos problemas. Los principales problemas detectados fueron: que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no había realizado una evaluación de impacto del sistema sobre la privacidad de las personas. También indicaron que el sistema presenta sesgos y discrimina por raza y por etnia.  En concreto, el sistema aumentaba de manera innecesaria y desproporcionada el riesgo de arbitrariedades. También se señaló la ausencia de mecanismos de control del flujo de información en el sistema.

La acción de amparo recibió el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida (FRR)  coordinado por Derechos Digitales. Junto con ello, Derechos Digitales presentó un escrito de amicus cuirae. La acción de amparo tuvo el apoyo de otras organizaciones locales y regionales como  Fundación Vía Libre, Access Now y Asociación Trabajadores del Estado (ATE).  

En febrero de 2022, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires realizó una inspección en el Centro de Monitoreo Urbano donde funciona el sistema, y solicitó a la CONARC el listado de personas buscadas. También le solicitó al RENAPER  la lista de personas cuyos datos biométricos hayan migrado desde ese Registro hacia el Gobierno de la Ciudad.

El martes 12 de abril se realizaron  una serie de allanamientos en el Ministerio de Justicia y Seguridad de Buenos Aires y el Centro de Monitoreo Urbano, que es el organismo que aplica el sistema. Con la información recabada en los allanamientos (donde también hubo representantes de la empresa que brinda el software de vigilancia), se determinó que, entre abril de 2019 y marzo de 2022, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la capital argentina  se valió del sistema de videocámaras con reconocimiento facial para acceder a los datos biométricos de 7 millones de personas, sin que mediara un requerimiento judicial para ello.

En su resolución firmada el martes 12 de abril, donde se ordena  la suspensión de sistema de reconocimiento facial,  el juez sostuvo que la Ciudad de Buenos Aires solamente estaba autorizada a extraer datos biométricos de personas requeridas por la justicia.  Y Advirtió que la enorme cantidad de consultas sobre ciudadanos, muchos conocidos por su actuación pública, demuestra que el proceso pudo haber sido manipulado para obtener información indebida de modo ilegal.

El uso de las cámaras estuvo en el centro del debate en los últimos días después de que Marcelo D’Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sugiriera poner a disposición del Gobierno Nacional las cámaras para identificar a las personas que protestan cortando las calles.

El SNRP no solo fue objeto de críticas por organizaciones de la sociedad civil, sino que también despertó la preocupación del relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, que visitó Argentina  en mayo de 2019, a pocos días de que empezara a implementarse el mecanismo. El experto dijo que era una decisión desproporcionada que afectaba la privacidad de millones de personas. Además, remarcó que no hubo debate social ni se midieron los impactos de políticas intrusivas.