Preocupación genera el avance de los sistemas de reconocimiento facial en América Latina, particularmente aquellos implementados con la intención de vigilar el espacio público. A los proyectos ya conocidos en países como Paraguay, Ecuador y Argentina, durante el segundo semestre se ha sumado una iniciativa en Uruguay, al mismo tiempo que aparece nueva información sobre su desarrollo en México.
Respecto al caso mexicano, hace algunas semanas se publicó un interesante reportaje titulado “Vigilancia biométrica: el tortuoso camino de Coahuila al reconocimiento facial” que detalla el funcionamiento del sistema de reconocimiento facial en el estado de Coahuila, tanto en lo técnico como en lo administrativo.
Se trata de un caso notable y poco común, en el que el periodismo logra correr el velo de sigilo con el que las autoridades suelen manejar la información asociada al uso de estas tecnologías. Por ello, conversamos con Federico Pérez Villoro y Paloma Robles, periodistas responsables del reportaje para profundizar respecto a la situación en Cohauila y de qué manera es representativa de lo que está ocurriendo en el resto de la región.
Una dificultad importante a la hora de discutir las tecnologías de reconocimiento facial en la región es el hermetismo con el que las autoridades tratan el tema. Sin embargo, el reportaje logró obtener mucha información relevante sobre el funcionamiento del sistema ¿qué tan difícil fue conseguir la información y de qué manera lograron esquivar el sigilo de las autoridades y las demás partes involucradas?
Federico Pérez Villoro (FPV): Una condición paradójica en la implementación de estos sistemas es que por un lado tienen un grado importante de secrecía, pero por el otro son proyectos llamativos que tienden a ser aprovechados por las autoridades como recursos discursivos. En Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme ha presumido la tecnología posicionando al estado como pionero en México por adquirirla y buscando la percepción de cumplimiento de sus promesas de campaña en relación a la modernización de los aparatos de seguridad. El proyecto inclusive mereció su propia sección en el segundo informe de su gobierno. En este sentido, cada declaración pública es un eslabón en el entramado del sistema.
Además, el gobierno de Coahuila tiene un desconocimiento técnico sobre cómo funciona el reconocimiento facial y por lo tanto se han ignorado los motivos por los que es controversial. Por ejemplo, uno de los puntos que ya empezaba a generar polémica a nivel local era el uso de datos personales. Y es que meses atrás el gobernador había dicho que la tecnología podría funcionar a través de bases de datos federales y de padrones electorales de la población en general, sin embargo eso nunca fue realista o posible por motivos técnicos y legales. Por lo tanto era importante para las autoridades comunicar que el sistema no identifica los rostros de todos los ciudadanos, sino que solo se hacen labores de cotejo con un número menor de imágenes provenientes de la fiscalía. Dada esta necesidad del gobierno, y después de mucha insistencia de nuestra parte, se nos dio acceso a conocer el sistema de primera mano y a entrevistas en donde pudimos hacer preguntas puntuales. Sin embargo, las autoridades no anticiparon que el uso parcial de estas tecnologías tiene sus propios problemas y que el funcionamiento actual pone en evidencia el ajuste del sistema bajo la marcha e incongruencias en el diseño e implementación de una política pública.
Paloma Robles (PR): Una primera estrategia de obtención de datos fue vía la Plataforma Nacional de Transparencia, un mecanismo gubernamental que permite a las personas preguntar a autoridades sobre hechos documentados. Dividimos las preguntas por autoridades definidas: Secretaría de Seguridad Pública, Oficina del Gobernador, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Congreso del Estado, entre otras. Solo obtuvimos información de parte de la Secretaría de Seguridad Pública, pero sus respuestas fueron escuetas y a cuentagotas. La oficina del gobernador y la secretaría de gobierno se declararon incompetentes en el tema, a pesar de que ya habían respondido solicitudes de transparencia a otros interesados. Finanzas reservó toda la información relativa a la compra (contratos, cheques, facturas) aún siendo información pública obligatoria.
La segunda etapa consistió en hacer entrevistas a los actores involucrados en el proyecto y con ellas logramos acceder a buena información, inclusive se nos permitió conocer el sistema. También hicimos trabajo de campo y un mapeo sobre dónde está instalada una buena parte de las cámaras en la ciudad de Torreón. Y por supuesto fue de enorme ayuda el desarrollo de relaciones con fuentes que nos dieron acceso a documentos confidenciales y al borrador de una ley que está siendo trabajada por el Gobierno y que en su momento representó una radiografía de cómo funciona el sistema en Coahuila, sobre todo nos facilitó el lenguaje correcto para hacer preguntas y destrabar las negativas de respuestas vía transparencia.
“Si yo tuviera que decidir entre mi privacidad y mi libertad, voy a poner mi libertad por encimita” dice uno de los entrevistados. Esta falsa dicotomía entre privacidad y seguridad es recurrente en los discursos de autoridades, políticos y las distintas partes interesadas en promover la implementación de estos sistemas. Y, lamentablemente, la ciudadanía no es inmune a este discurso, particularmente en aquellos lugares muy impactados por la violencia. ¿Cuál ha sido la reacción de las personas que residen en Coahuila respecto a la implementación de esta tecnología?
PR: Encontramos que no hay un reconocimiento real de lo que implica la implementación de estos sistemas. La gente desconoce los riesgos de su operación derivadas de la fragilidad de los mismos y los márgenes de error y sesgos raciales que imponen.
Coahuila ha sido un estado muy afectado por la violencia, sobre todo en el periodo de 2009–2012. La violencia ha domesticado a la ciudadanía y existe esa falsa creencia de que es mejor estar vigilados antes de permitirse volver a la inseguridad. Pero la autoridad coahuilense se atribuye la disminución del crimen y no es clara en decir que la presencia de las cámaras tiene poco efecto de inhibición de la violencia, y que las cifras de incidencia delictiva —que hoy son favorables— tienen que ver en todo caso con un cambio en las lógicas internas del crimen y el reacomodo de los cárteles en la región.
Por otro lado, el mapeo de cámaras que hicimos en la ciudad de Torreón lo contrastamos con las cifras de incidencia delictiva de los últimos cuatro años. En ese cruce de datos nos dimos cuenta que en las dos regiones en donde más ha crecido el crimen no instalaron el sistema de cámaras. Las cámaras están colocadas sobre todo en polos económicos como Saltillo (capital de Coahuila) y Torreón, en esta última ciudad buena parte de las cámaras están ubicadas en dos colonias de alto poder adquisitivo.
FPV: En el caso de Coahuila el proyecto de vigilancia no provino de una estrategia de seguridad sofisticada sino que se da en la coyuntura de una serie de intereses económicos y políticos. Es claro que el desempeño del sistema es muy limitado y que a través de este el gobierno busca más bien simular la sensación de seguridad en las áreas metropolitanas más productivas de la región. Pero en Coahuila la historia de violencia ha sido tal que, en efecto, muchas personas están dispuestas a renunciar a ciertos derechos con tal de vivir en paz. Esta condición es explotada por el gobierno, que abusa de la retórica del miedo para implementar una tecnología que le es conveniente a nivel político, pero que se ha demostrado consistentemente que no sirve para prevenir el crimen y que, a decir de los expertos, no se justifica su proporcionalidad en términos legales. Además, en México rige la impunidad y es un país en donde es difícil distinguir entre el gobierno y el crimen organizado. En muchos casos son las propias autoridades quienes ejercen y perpetúan violencia en contra de la ciudadanía. En Coahuila, tan solo en el 2019 hubo un incremento del 50% en quejas ante la comisión estatal de derechos humanos, de las cuales la mayoría están atribuidas a organizaciones de la policía. Por supuesto, en un escenario como este no existen las condiciones para contravenir derechos fundamentales ni para confiarle aparatos de control a las autoridades.
Una cuestión interesante que demuestra el reconocimiento facial es que no es solamente una cuestión de orden técnico —cámaras, software, computadores que procesan la información — sino también discursivo: la implementación de los sistemas siempre viene de la mano de grandes lanzamientos llenos de promesas respecto a sus beneficios y capacidades, que muchas veces no se condicen con la realidad técnica, pero que puede tener igualmente un efecto en la población. ¿Creen que esto está pasando en Coahuila y cuáles son los riesgos asociados a este factor discursivo de la vigilancia?
FPV: En Coahuila, el gobernador ha repetido que inclusive en su fase de pruebas el sistema ya está sirviendo para hacer arrestos, haciendo referencia a casos de homicidios y decenas de delitos del fuero común. Pero nuestra investigación da cuenta de que el reconocimiento facial no ha arrojado ningún match positivo y que, por lo tanto, ninguno de los arrestos está relacionado con dicha facultad del sistema. En todo caso son producto del uso de las cámaras en su modalidad de monitoreo convencional. Sin embargo, esta distinción no ha sido aclarada por las autoridades quienes más bien ponen peso en el reconocimiento facial como la característica que distingue al sistema en Coahuila.
Por supuesto los efectos de estas declaraciones son reales y alteran la manera en la que la población se comporta y relaciona. En el caso del reconocimiento facial, se afecta directamente la posibilidad de moverse en el espacio público, lo cual es una violación de las libertades cívicas establecidas. A decir de los expertos que entrevistamos, las tecnologías de vigilancia no solo afectan la privacidad, sino la libertad de expresión, de reunión y de libre asociación. Estas son limitaciones que no coinciden con una sociedad democrática. Además, las personas tienen el derecho a ejercer su privacidad inclusive en espacios públicos. Es necesario procurar la posibilidad de proteger nuestros comportamientos y no sentirnos vigilados por un estado que no es confiable. Esta preocupación, por supuesto, se amplifica en un lugar como México en donde las tecnologías de vigilancia han sido utilizadas para fines criminales y en contra de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.
PR: La adquisición del equipo en Coahuila se dio de manera precipitada. La falta de reglamentación, las limitaciones técnicas y otros obstáculos solo dejan entrever la premura con la que se hizo la compra, apurada por los tiempos y objetivos políticos del gobernador Miguel Ángel Riquelme quien estaba deseoso de desmarcarse de sus antecesores y quizá apurado por demostrarse capaz de traer inversión de China a su territorio.
Pero la discusión sobre los riesgos que imponen estos sistemas quedó al margen de las preocupaciones del gobierno. La administración de Riquelme firmó un convenio de colaboración con diferentes instancias defensoras de derechos humanos para dar seguimiento a la operación del sistema, pero en la investigación nos dimos cuenta de que ese comité nunca volvió a sesionar. La falta de una discusión profunda del tema podría hoy poner en riesgo a la población, sobre todo a defensores de derechos humanos y a personas implicadas en movimientos sociales que son quienes toman las calles para expresar sus ideas. Ahora sus rostros serán procesados por el sistema de videovigilancia con reconocimiento facial.
Otra cuestión interesante que aparece en el reportaje es el aspecto geopolítico y su bajada económica. Por un lado, se señala que el sistema se está usando para cumplir con un “favor” pedido por el FBI. Por otro, la tecnología es china y hay un importante de la empresa desarrollada sobre el código del software. Ante esta realidad, ¿cuál les parece que es el papel que cumple México – y los países latinoamericanos – en este gran esquema global de tecno-vigilancia?
FPV: Sí fue sorprendente enterarnos de la colaboración con el FBI que además rompe con los protocolos y criterios que las autoridades supuestamente utilizan para agregar rostros al sistema. Pero la idea de trabajar con el FBI fue irresistible para las autoridades coahuilenses. Ahora, las identidades de dos personas a las que se les acusa en Estados Unidos de actos de vandalismo durante protestas antirracistas, en Coahuila están etiquetadas como “terroristas”. Nos parece urgente esclarecer el caso específico de estos individuos, pero también entender la participación e injerencia de agencias estadounidenses en los estados fronterizos mexicanos.
Hay un cruce interesante a nivel institucional y de países, que se enmarca en el uso indirecto de la tecnología por parte del FBI. Hay que recordar que Dahua fue vedada el año pasado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos por participar en la persecución y detención arbitraria de minorías musulmanes en Xinjiang. Sin embargo, la instalación de sistemas de vigilancia adquiridos a través de contratos comerciales convenientes o donaciones por parte del gobierno chino, es un fenómeno creciente en América Latina. Y la presencia de Dahua Technology en México no es un caso aislado. Tiene fuertes implicaciones geopolíticas y envía una señal a Estados Unidos sobre su fuerza en innovación en tecnologías de inteligencia artificial y dominio del mercado latinoamericano.
PR: Creemos que estas tecnologías deben ser vigiladas por expertos en la materia, expertos en inteligencia artificial que puedan auditar los algoritmos y evaluar su desempeño a nivel técnico y respecto a posibles violaciones a los derechos humanos. La realidad es que en México, según lo que consultamos con especialistas en el tema, hay pocas personas con este perfil y la mayoría son jóvenes que todavía están en formación.
Por otro lado, ahora sabemos que la llegada de la empresa china Dahua a México se consolidó con el contrato firmado con el gobierno de Coahuila y tocará seguirle la pista en su meta de establecerse en otras regiones del país. Nos queda claro que su llegada anticipa la competencia en la materia con otras empresas que ofrecen equipos similares, sobre todo con marcas estadounidenses.
