Nota: Este texto fue escrito originalmente en portugués por Helena Martins – periodista, profesora de la Universidade Federal do Ceará (UFC) y miembro de Intervozes – y publicado en Carta Capital

En Ceará, el gobernador Camilo Santana (PT) presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto que habilita al gobierno a disponer, almacenar y utilizar – supuestamente, con fines de seguridad pública – todas las imágenes de las calles registradas por cámaras públicas o privadas. La propuesta se presenta justo en el momento en que la Ley General de Datos Personales (LGDP), de 2018, entra integralmente en vigencia en Brasil,  un hito en la afirmación del derecho a la protección de datos de las y los ciudadanos, pero que todavía no parece interesarle al poder público. 

Sabemos que los datos han sido utilizados tanto como mercancías y como mecanismo de vigilancia por parte de Estados y corporaciones. A pesar de las diversas críticas a ese proceso —que ha llevado a ciudades y empresas a frenar el desarrollo de ciertas tecnologías, como el reconocimiento facial, para considerar sus impactos en la sociedad— el proyecto se presentó sin detalles y sin posibilidad de debate público real, en vista de las restricciones a las actividades legislativas en el contexto de la pandemia.

Tal cual está formulado, el proyecto de ley es inconstitucional y viola la Ley General de Datos Personales. Según el artículo 6 de la ley, las actividades de tratamiento de datos personales deben respetar la buena fe y diez principios explicados en el texto, entre los que destacamos: a) finalidad – tratamiento de datos para fines legítimos, específicos, explícitos e informados al titular; b) necesidad: limitar el tratamiento al mínimo necesario; c) libre acceso – garantizar la consulta gratuita y sencilla sobre la forma y duración del tratamiento, así como sobre la integridad de sus datos personales; y d) seguridad – uso de medidas técnicas y administrativas que puedan proteger los datos personales contra el acceso no autorizado y situaciones accidentales o ilícitas de destrucción, pérdida, alteración, comunicación o difusión. La propuesta del gobierno de Ceará no aborda adecuadamente ninguno de estos principios.

Además, según la norma, la disciplina de la protección de datos personales tiene como fundamentos: I – el respeto a la privacidad; II – la autodeterminación informativa; III – la libertad de expresión, de información, de comunicación y de opinión; IV – la inviolabilidad de la intimidad, de la honra y de la imagen; V – el desarrollo económico y tecnológico y la innovación; VI – la libre empresa, la libre competencia y la defensa del consumidor; y VII – los derechos humanos, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad y el ejercicio de la ciudadanía por las personas naturales. Incluso en el caso de tratamientos para fines de seguridad pública, esas orientaciones deben ser seguidas.

De acuerdo con el reclamo de la Coalición Derechos en la Red, firmada por varias organizaciones e instituciones, como la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Orden de Abogados de Brasil – Ceará (CE), y el Foro Popular de Seguridad Pública de la misma provincia (FPSP-CE), es necesario que se debata efectivamente la propuesta. No podemos tomarla como obvia, pues puede significar el monitoreo permanente de toda la provincia exclusivamente por el gobierno, excluyendo la participación de otras instituciones en ese proceso, en pos de equilibrar derechos y evitar un control autoritario sobre la población. 

Hay todavía otros problemas, empezando por las promesas de solución de problemas complejos a través de tecnologías que son presentadas como neutrales, aunque no lo son. El problema de la seguridad pública no es – o, al menos, no simplemente – una cuestión tecnológica. Si así fuera, diversos países que lideran la producción tecnológica ya lo tendrían superado. O países que no practican vigilancia tendrían más problemas que aquellos que utilizan esos mecanismos. Una vez más, la idea que todo es válido para garantizar seguridad sirve mucho más para naturalizar prácticas que violan derechos y rotulan las críticas como absurdas o anticuadas. Asimismo, la vigilancia se va ampliando prácticamente sin debate público. Y es importante recordat que la vigilancia es instrumento punitivo.

Esa vigilancia tiene consecuencias aun más perversas para ciertos grupos sociales y territorios históricamente criminalizados, donde lo único que llega es el Estado policial, no el promotor de derechos. Las personas negras y los territorios periféricos seguramente serán los más vigilados por el brazo armado del Estado y por otros mecanismos, no solamente en Ceará, sino en todo el mundo, como diversas investigaciones han mostrado.

Desde el año pasado, Ceará ha desarrollado lo que se llamó la Nueva Estrategia de Seguridad Pública (Nesp). Según el gobierno de la provincia, la política “se basa en integración, coordinación, cooperación y responsabilización en diferentes niveles”. Entre sus ejes está el de Tecnología de Información, lo que motivó la inversión en sistemas de monitoreo a través de videos. Son más de 3.300 cámaras actuando en la prevención de crímenes en Ceará, 2.500 de ellas instaladas en Fortaleza. También ha sido utilizado reconocimiento facial a partir de smartphones de policías. ¿Cuáles son los resultados de esas iniciativas? No sabemos. Además de la falta de informes de evaluación, se trata de una práctica no transparente, desprovista de control social ni acceso a la información, como ya hemos señalado anteriormente.

Antes de avanzar más en la vigilancia, es necesario que se abra un debate en la sociedad y que se presenten evaluaciones sobre las prácticas ya vigentes y que se desarrollen mecanismos para que podamos garantizar transparencia, el debido proceso y controle social. El discurso de que todo vale es engañoso y autoritario. La sociedad puede y debe buscar caminos siempre orientados por la garantía de derechos, la cual nos protege de actos autoritarios de cualquiera que ocupe el Estado.