El pasado 29 de enero, un asalto a una tienda MacOnline al interior de un centro comercial en Santiago de Chile trajo de vuelta la discusión sobre mayores y mejores medidas de seguridad en espacios de alta afluencia El subsecretario del Ministerio del Interior, Manuel Monsalve, anunció una reunión con la Cámara de Centros Comerciales, entidad que agrupa a los representantes del gremio en Chile, para “avanzar en medidas conjuntas” que no requieran la tramitación de una ley para su aplicación. Como ejemplos de algunas propuestas, mencionó la implementación de detectores de armas y sistemas de reconocimiento facial, según reportó Diario Financiero.
Desde Derechos Digitales hemos señalado en diversas ocasiones los peligros que conlleva la implementación de sistemas de reconocimiento facial para la vigilancia y el combate del delito común. Estas tecnologías limitan directamente la autonomía de las personas, amenaza el derecho a la dignidad, al debido proceso y la presunción de inocencia. Además, es una tecnología cuyo desarrollo y uso reproduce las desigualdades y exclusiones estructurales, perjudicando a grupos históricamente marginados.
Los datos sobre rasgos faciales corresponden a lo que la legislación chilena denomina datos sensibles, es decir, “aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad”. La normativa no permite el tratamiento de datos sensibles sin consentimiento explícito o autorización legal expresa. Sin cumplir esos requisitos, tal vigilancia sería ilegal.
Ya en 2018 advertimos los riesgos asociados a la implementación de tecnologías de reconocimiento facial en centros comerciales, a propósito del anuncio de Mall Plaza. Poco después, nos enteramos que las pruebas realizadas a dicho sistema concluyeron que el 90% de las identificaciones correspondieron a falsos positivos. Es decir, estamos ante una tecnología que además es poco confiable.
Por lo anterior, estamos en contra de toda iniciativa que pretenda la implementación de sistemas de reconocimiento facial con fines de vigilancia. Exigimos al Gobierno de Chile rectificar sus propuestas para el combate de la delincuencia, y consultar tanto con expertos en la materia como con especialistas en derechos humanos. Entendemos que la seguridad ciudadana es una prioridad, pero no podemos volver a caer en la falsa dicotomía que enfrenta esta necesidad con el derecho a la privacidad y con el derecho a movernos sin ser objeto de seguimiento. No es consistente que un gobierno comprometido con la defensa de los derechos de la ciudadanía proponga medidas que van en retirada en el resto del mundo, contrarias al ordenamiento jurídico chileno y a estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
